En una entrevista concedida a Servimedia, aseguró que antes de intentar “expandir” los derechos asociados o derivados de la ley que ya existe, es necesario garantizar que se cumple lo que ya establece esa ley, por ejemplo, la reserva del 5% del empleo público, una premisa que “no se está cumpliendo”.

Subrayó que la dependencia afecta directamente a más de tres millones y medio de personas y es necesario trabajar “en serio” con los colectivos y con las organizaciones especializadas para conocer sus necesidades antes de formular nuevas propuestas concretas.

“Vamos a empezar por ahí”, dijo, en referencia a la garantizar el cumplimiento de la ley, y a partir de ahí dialogar para desarrollar más medidas junto a los interesados.

En cuanto a la exigencia del Cermi de que ninguna persona sea privada del derecho a votar, por decisión juidicial, a causa de una discapacidad, Garzón se mostró partidario de hablar con todos los sujetos implicados, tanto sociales como políticos, para abordar el asunto y, en su caso, “repensar” la legislación electoral.

En ese sentido, recordó que Izquierda Unida defiende una reforma “integral” de la legislación electoral para, entre otras cosas, garantizar la igualdad del voto de todos los ciudadanos, o para que se pueda ejercer ese derecho desde los 16 años, la misma edad a la que se puede trabajar. En esa reforma, dijo, se pueden tener en cuenta “otras consideraciones”, como esa demanda.