Así lo señala en una entrevista publicada en el número 164 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Guillén asegura que el conjunto de la deuda son expedientes no pagados, que están en tramitación todavía, en fase de revisión y también, subraya, “hay incumplimientos por decisiones políticas, ya que al no haber dinero se ha dejado de pagar algún tipo de prestaciones, y eso lo consideramos una deuda, aunque a lo mejor técnicamente o jurídicamente no se considera como tal”.

Respecto a los tipos de servicios o actividades sobre los que ha repercutido más esta deuda, asegura que en cuanto a bienestar social y familia, ha afectado a los servicios asociados a la dependencia, a las residencias, centros de día, centros ocupacionales, centros especiales de empleo, todo lo que se asocia a las políticas de discapacidad.

La deuda acumulada desde 2011 está provocando que ya estén cerrando y se hayan cerrado centros, que en algunos centros empresariales se haya abierto un ERO (Expediente de Regulación de Ocupación) y se haya tenido que despedir a muchos insertores laborales y han desaparecido muchos puntos de inclusión en la empresa ordinaria y en Centros Especiales de Empleo (CEE). También se ha bloqueado la entrada de nuevos empleados a CEE, porque no se les financia el salario mínimo interprofesional.

Desde su punto de vista, las entidades sociales de la discapacidad, que llevan más de 20 años en el sector, “han demostrado una capacidad de gestión sin problemas, nunca ha habido ningún problema y lo que ha ocurrido ahora es que hay una ruptura de confianza, y no se pueden garantizar los compromisos que tiene la Administración con un sector que no tiene dónde acudir para contar con esa financiación”.

Además, Guillén explica que el Cocarmi se ha dirigido al propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, reclamando una solución al problema de la deuda por primera vez a través del Cocarmi y de manera conjunta todas las federaciones. Señala igualmente que está pendiente la constitución de una estructura creada por el Gobierno para participar en las decisiones de las políticas a aplicar en la discapacidad, aunque, insiste, “hemos pedido que se aplace esa constitución porque no estamos en condiciones de participar en una estructura para hablar del futuro cuando el presente es prácticamente inviable”.

Guillén logró que Artur Mas responda a sus reclamaciones y cite al Cocarmi a una reunión que tendrá lugar el próximo 30 de abril para poner sobre la mesa la deuda de casi 83 millones que está "ahogando" a las entidades catalanas de la discapacidad y buscar una manera de liquidarla.

“Nosotros insistiremos en que se haga cargo y sea consciente de lo que representa esta cifra, estas deudas que tenemos acumuladas, y que haga todo lo posible para que se pueda disponer de ese calendario de pagos y que se estabilicen los pagos mensuales”, afirma.

Finalmente, Guillén deja claro un último mensaje: “Somos prestadores de servicios pero no dejamos de ser también un grupo de presión para que la política, los gobiernos, sigan produciendo leyes y se siga trabajando por unos derechos, por la igualdad de oportunidades, y si nosotros desaparecemos la sociedad pierde ese instrumento que somos las entidades”.