Esta organización explica que el Código Penal revisado de Nicaragua, en vigor desde julio de 2008, prevé penas de prisión para las mujeres y niñas que intenten abortar y para los profesionales de la salud que faciliten servicios de salud relacionados con el aborto.

Además, esta prohibición incluye casos en los que corre peligro la vida de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de una violación o de un incesto.

La directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional, Widney Brown, tildó de "escandalosa y draconiana" esta prohibición del aborto en Nicaragua porque, a su juicio, "obliga a las víctimas de una violación y de un incesto a llevar a término su embarazo y está causando un aumento de las muertes maternas".

Amnistía Internacional reclama a las autoridades nicaragüenses que despenalicen el aborto en todas las circunstancias y que garanticen que las mujeres y las niñas tengan acceso a un aborto legal y sin riesgos cuando el embarazo no deseado es consecuencia de una violación o de un incesto, o cuando corra peligro la salud o la vida de la mujer.

Investigadores de esta organización afirman que la prohibición absoluta del aborto en Nicaragua afecta a jóvenes de corta edad que son víctimas de violación o incesto.

De hecho, según informaciones de los medios de comunicación, un total de 1.247 niñas nicaragüenses fueron violadas o víctimas de incesto entre 2005 y 2007, 198 de estos delitos acabaron en embarazo y la inmensa mayoría de las niñas que quedaron encintas por una violación o un incesto (172 de las 198) tenían entre 10 y 14 años.

Además, Amnistía halló un aumento de las muertes maternas desde que entró en vigor la prohibición, ya que, en las primeras 19 semanas del año pasado, un 16% de las muertes maternas se debieron a un aborto realizado en condiciones peligrosas, frente a ninguna durante el mismo periodo de 2008.

Esta organización recordó que cuatro comités de la ONU (el Comité contra la Tortura; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) ya han condenado esta ley y han pedido su revisión en Nicaragua.