Los activistas iban vestidos con monos blancos, máscaras y portaban bidones con el símbolo nuclear y una pancarta con el lema “No al cementerio nuclear”.

La ONG anunció que acudirá a los tribunales para impugnar la resolución que dio inicio al proceso del ATC que, según los ecologistas, “se ha caracterizado por la falta de transparencia, la ausencia de mecanismos participativos y la falta de información veraz a la población y a los municipios”.

La organización considera que “los hechos han demostrado” que la “estrategia seguida por Sebastián” ha consistido en “tentar a los alcaldes con dinero público para tratar de conseguir que los municipios se ofreciesen como candidatos a albergar el cementerio nuclear, sin importar ni si quiera si se había tenido en cuenta la opinión de los vecinos, la de los pueblos de su entorno, y la de su comunidad autónoma”.

"El proceso ha sido un esperpento. Enresa ha ido fomentando cacicadas en los pueblos", concluyó el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.