Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de un sistema educativo que tiene ya 20 años y que, a lo mejor, hay que cambiar, en lugar de "tunear", afirmó Juan Antonio Gómez, portavoz popular en la Comisión de Educación del Congreso, donde compareció hoy el titular del ramo, Ángel Gabilondo.

Desde esta perspectiva, el PP exigió al Ejecutivo que acometa con el pacto "medidas profundas" para hacer frente a la "crisis educativa de gran calado" que hay actualmente en España.

Sin embargo, para los populares, la mayor parte de las medidas que propone el pacto son obligaciones de cualquier Ministerio de Educación, por lo que no considera "serio" que deban aprobarse con mayoría parlamentaria de dos tercios.

Tampoco se mostró a favor de aprobar con mayoría parlamentaria de dos tercios los acuerdos educativos CiU, quien señaló, a través de Mercè Pigem, que la medida significaría en la práctica que sólo han de estar de acuerdo PSOE y PP para sacar adelante las modificaciones formativas.

En este sentido, Convergència i Unió propuso como alternativa la "doble proporción de dos tercios", es decir, que siempre tengan que estar de acuerdo PP y PSOE, pero, además, dos tercios del resto de los grupos o, lo que es lo mismo, aclaró Pigem, otros dos grupos políticos.

La diputada advirtió también de que hay una serie de "líneas rojas" por las que su grupo no pasará en el pacto, como son el respeto en lo dispuesto en la Constitución, en los estatutos de autonomía y en las leyes autonómicas de Educación. No apoyará un pacto que persiga la homogeneidad de las políticas educativas o que pretenda modificar el sistema de inmersión lingüística, aseguró.

Por último, CiU sostiene que el pacto ha de tener también en cuenta las necesidades del alumnado con diversidad funcional y lo dispuesto en cuanto a la educación en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por su parte, Joan Tardá, de ERC, calificó de "buena" la búsqueda del pacto, que, reconoció, "exige colaboración para consolidar todo lo bueno" alcanzado hasta ahora y para "encarar la resolución de déficits lastrados del pasado", como son las cuantías de las becas.

El pacto debe servir también, a su parecer, para "desconflictivizar" las lenguas. Hay que actuar en favor de las lenguas cooficiales y ser muy escrupuloso con las competencias autonómicas", dijo.

ESCEPTICISMO DE IU

Gaspar Llamazares, de IU, acogió con "un saludable excepticismo" el Pacto por la Educación, que si bien consideró que es necesario en algunos aspectos, no solucionará, a su juicio, todos los problemas.

Pidió "concreción" en el texto y señaló que "lo fundamental" es que el pacto sea "social, político y ciudadano".

Los elementos que desde su punto de vista no deben faltar en él son el abordaje del fracaso escolar, la formación profesional, la centralidad de la enseñanza pública, que, según dijo, lo es en la Constitución, pero no en la realidad, la plena universalidad del sistema educativo y la financiación, que ha de ser superior a la actual.

Por el Grupo Mixto, Olaia Fernández no se mostró optimista y sí "escéptica", como IU, en cuanto a la consecución del Pacto por la Educación, que, en su opinión, recoge "cuestiones reales", como el fracaso escolar, pero también aspectos políticos Y "malintencionados", como el conflicto lingüístico, que, apuntó, no encontrará resolución si las administraciones educativas no se comprometen con la impartición de las lenguas y de la cultura propia, allá donde existan.

En nombre del PNV, Esteban Bravo, manifestó que su impresión es que el pacto está todavía "verde" y necesita de una mejor redacción en algunos aspectos. Además, apostó por "hilar más fino a la hora de buscar consenso" para garantizar que el acuerdo no sea únicamente de PSOE y PP.

Bravo dijo no compartir el hecho de que el documento hable de la educación como un todo, cuando, argumentó, su situación es diferente en cada comunidad autónoma.