Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien destacó la necesidad de adecuar la legislación actual que data de 1988 “a los tiempos actuales” ante los “cambios sustanciales” en la Red de Carreteras, su gestión y en materia de seguridad vial.

Pastor explicó que el objetivo fundamental de la nueva ley es la “mejor utilización” de los recursos disponibles previo a la construcción de una carretera, para que lo que se deberá realizar un análisis de eficiencia y otro de intermodalidad.

De esta forma, “se analizarán desde todos los puntos de vista las necesidades reales y los tráficos esperados futuros” cada vez que haya una planificación nueva de carreteras.

EVITAR LA ESPECULACIÓN

Asimismo, la norma mejorará los sistemas de coordinación entre las administraciones para evitar la especulación urbanística de forma que el texto recoge suspender temporalmente y de forma cautelar las recalificaciones urbanísticas que puedan afectar a la planificación viaria.

Contempla también la nulidad de las decisiones urbanísticas adoptadas, sin considerar las necesidades de la gestión de las carreteras y favorecer una mayor coordinación en las actuaciones urbanísticas y la planificación de las carreteras. La titular de Fomento explicó también que a través de las medidas incluidas en la nueva ley se obligará a realizar auditorías de seguridad vial durante las fases de planificación y construcción de carreteras.

ELEVA SANCIONES

El anteproyecto eleva el régimen sancionador en las autopistas de peaje ante incumplimientos del concesionario con multas que oscilan desde los 300 euros hasta los 15.000 euros.

En cuanto a la protección del patrimonio público, se faculta a la Dirección General de Carreteras a requerir a los infractores la restitución de la legalidad viaria, al tiempo que Fomento podrá ordenar la retirada de publicidad que afecte a la seguridad viaria o la explotación de la vía.

ÁREAS DE SERVICIO

Además, se reconoce la iniciativa particular en la promoción de las áreas de servicio, que hasta ahora sólo podían hacerse a iniciativa del Estado, para “mejorar el servicio, mejorar la competencia y dar así más servicios a los usuarios”.

Se promueve también las zonas conocidas como “aparcamientos seguros”, para garantizar la seguridad de conductores, sus vehículos y mercancías, así como las características que deben de tener.

También se considera el papel de las nuevas tecnologías con sistemas inteligentes de transporte que permiten ofrecer información en tiempo real a los usuarios sobre el estado de las infraestructuras, así como paneles informativos e información incorporada en propio vehículo, entre otros.

La Red de Carreteras del Estado tiene una longitud de 26.200 kilómetros y soporta el 51 % del tráfico total de vehículos y el 63 % del tráfico de vehículos pesados, agregó Pastor.