Zarrías, el cuarto aforado que pasa por el Supremo por este asunto, ha dado cuenta de su gestión al magistrado Alberto Jorge Barreiro y ha defendido la legalidad de su actuación como consejero de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2009.

El exconsejero presidía la comisión general de viceconsejeros, más conocida como “consejillo”, en la que, según su versión no se tomaban decisiones sino que se preparaban los asuntos que se llevarían más tarde al Consejo de Gobierno.

En una comparecencia que duró más de tres horas, Zarrías insistió en que sus decisiones siempre contaron con la aprobación de la intervención de la Junta de Andalucía. Tras la declaración del exconsejero de Empleo José Antonio Viera y de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ya sólo queda por pasar ante el juez, el próximo martes, la exconsejera Mar Moreno.

Los informes de la Policía explican que en su etapa como consejero de Presidencia, Zarrías, presidió “un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L”, y que habría “presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la comisión en las que éste no asistió”.