Chaves hizo estas manifestaciones después de declarar por espacio de dos horas y media ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye el caso en el Supremo, y ante el que había pedido comparecer de manera voluntaria.

El expresidente reiteró lo que ha venido sosteniendo a lo largo de la instrucción de este caso. “En el Consejo de Gobierno que yo he presidido ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad”.

“Lo que he hecho siempre en mi trayectoria política como presidente de la Junta, como ministro y como vicepresidente de Gobierno”, continuó en su declaración a los periodistas en la que no aceptó preguntas, es basar “en la legalidad y con los trámites e informes necesarios” cualquier decisión política o normativa.

Chaves comenzó a declarar ante el juez del Tribunal Supremo que investiga a los aforados relacionados con el fraude de los ERE a las 10.25 horas y estuvo respondiendo hasta las 13.00 horas defendiendo su gestión de las acusaciones que la hace la juez Mercedes Alaya, que le considera responsable de montar el sistema de subvenciones.

En su intervención señaló que las ayudas socio-laborales recogidas en los Presupuestos de la Junta y destinadas a los ERE “tuvieron un efecto positivo para los trabajadores”, estaban basados en los “acuerdos de concertación” firmados con sindicatos y empresarios y contribuyeron a la “la lucha contra el paro”.

Pese a esta convicción, dijo que “si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente esos fondos, serán los jueces, la justicia, la que determine si las actuaciones individuales de esas personas causaron fraude o no, y si el fraude fue pequeño o fue grande”.

La pasada semana ya declaró su sucesor en el puesto, Juan Antonio Griñán, quien admitió durante su comparecencia de cuatro horas que en la gestión de los ERE “no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude, y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar”.

Ante esta afirmación, hoy Cháves atribuye a actuaciones individuales cualquier irregularidad, desvinculando su gestión al frente del Ejecutivo de la construcción de una trama defraudatoria con los ERE.

Fuentes jurídicas aseguraron que el magistrado mostró al expresidente su extrañeza por que los responsables políticos no se dieran por enterados de los informes de la Intervención de la Junta que alertaban de irregularidades.

Si Griñán negó haber recibido ningún informe de la intervención de la Junta alertándole de las irregularidades que se cometieron en la gestión de una parte de las citadas ayudas públicas, Chaves esgrimió que cuando los proyectos llegaban al Consejo de Gobierno ya debían contar con los visados preceptivos y que, por tanto, confiaba plenamente en su legalidad.

ALAYA

El expresidente defendió su gestión ante las apreciaciones de la juez sevillana, que en su exposición razonada consideraba “imposible” que el máximo responsable de la Junta no conociera que se estaba produciendo un fraude, y que entiende que contribuyó a que se mantuviera.

Alaya insiste en que hubo una “directriz política” para que se articulara un sistema de concesión arbitraria de ayudas a empresas y personas que el presidente andaluz “avaló”. El sistema puesto en marcha en la Consejería de Empleo necesitaba, según la juez, de una “coordinación de actuaciones con evidentes implicaciones presupuestarias, que debió tener el consenso del presidente de la Junta”.

La juez envió su investigación al Supremo porque apreció indiciariamente en los cinco aforados llamados a declarar a lo largo del mes de abril delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Además del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, Griñán y Chaves, en los próximos días comparecerán también ante Barreiro los exconsejeros Gaspar Zarrías (16 de abril) y Mar Moreno (21 de abril).