En su último informe, la CNMC señala que existen "ciertas cuestiones mejorables" desde la óptica de competencia y regulación económica eficiente.

Así, recomienda precisar que el uso de fuentes alternativas de financiación (con impacto en las finanzas públicas) en la fase de recapitalización interna sea sólo el último recurso.

Respecto a los distintos instrumentos en los que se puede materializar la intervención, la CNMC destaca su preferencia por instrumentos menos distorsionadores de la competencia (como las garantías), por su "más fácil" reversibilidad y su diseño más orientado al mercado (en comparación, por ejemplo, con las medidas de recapitalización o el rescate de activos deteriorados).

Competencia también descartar que el FROB pueda tomar medidas (compensaciones) que pueden no generar los incentivos adecuados a la entidad para una gestión prudente y que reducen la contribución que tiene que hacer la entidad a los costes de su reestructuración.

En cuanto a la fase de resolución, la CNMC considera recomendable optar por la opción más competitiva, de forma que prime la venta del negocio viable a entidades que pudieran ejercer una competencia efectiva en el mercado sobre la utilización de entidades puente o sociedades de gestión de activos.

"En cualquier caso, y en cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado, la selección de adquirente debe realizarse conforme a procedimientos abiertos, competitivos, transparentes, no discriminatorios y en condiciones de mercado", apuntan.

Además, respecto al Fondo de Resolución Nacional, que se crea a partir de contribuciones de las entidades, es "esencial" que dichas aportaciones se ajusten al perfil de riesgo de cada entidad, de forma que se pueda capturar el fallo de mercado en forma de externalidad que supone cada institución.

Por último, la CNMC considera que existen aspectos del Anteproyecto que merecen una valoración positiva, como la intención de introducir los incentivos adecuados en la gestión de entidades financieras o la intención de minimizar el impacto negativo de las intervenciones en los recursos públicos.