Y lo ha hecho a través de una carta enviada a la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que traslada su preocupación por el impacto que la transposición de la Directiva Europea de Contratación Pública (2014/24/UE) puede tener sobre "las vidas y los derechos" de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias.

Según ha informado la citada federación, Feaps ha decidido hacer llegar la misiva al Gobierno porque ha tenido conocimiento de que el borrador del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público para la transposición de la mencionada directiva no ha tenido en cuenta la inclusión de aspectos concretos que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad.

En la carta, Feaps considera que, para dar cumplimiento a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es preciso "reconocer explícitamente, tal y como hace la propia directiva, que la prestación de servicios sociales puede realizarse a través de procesos diferentes a la contratación pública".

Ahora bien, prosigue, esos procesos han de ser "compatibles con los principios de transparencia y no discriminación exigidos por la normativa europea".

La experiencia de las entidades de Feaps indica que el trabajo de acompañamiento de proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias necesita modelos de concertación con las administraciones públicas que favorezcan su arraigo, su capacidad de elegir y la estabilidad en sus relaciones sociales.

Por todo esto, Feaps muestra su disposición a trabajar junto al Gobierno para asegurar que ese proceso de transposición de la directiva pueda seguir avanzando en la plena inclusión del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, formado por casi 140.000 personas y 235.000 familiares.