Hace un año, las dos entidades difundieron una nota en la que señalaron que ese reglamento “beneficia tanto a las personas internas como a los funcionarios y demás personal de los centros pero, sobre todo, nos beneficia a todos como sociedad”, porque en él se abogaba por ”una profunda reforma” de estos centros.

Un año después, los jesuitas y Cáritas se lamentan de que, pese a su posición permanente de diálogo, “debemos manifestar públicamente que no se han producido prácticamente avances de ningún tipo”.

Critican en concreto que no se hayan nombrado los administradores responsables de los servicios asistenciales ni los médicos de la Administración General del Estado responsables de los servicios médicos.

También se quejan de que no se han constituido las Juntas de Coordinación, “figura fundamental para la planificación y seguimiento de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales en los centros”.

Asimismo, denuncian que algunos CIE siguen sin tener un régimen general de acceso de ONG, que no hay servicios de asistencia social en todos los CIE y que los servicios de asistencia sanitaria “no se prestan en las condiciones necesarias”.

En el comunicado difundido este lunes, el Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas también reprochan al Gobierno que en los centros no exista un servicio de traductores estable ni accesible cuando es necesario y que en la mayoría de los CIE no haya un canal directo de queja de las personas internas al juez de control.

“Tampoco se han realizado mejoras sustanciales en las instalaciones, salvo aquellas motivadas por razones de seguridad, como, por ejemplo, la instalación de una malla metálica en el patio del Centro de Internamiento de Madrid. Persisten graves deficiencias de habitabilidad señaladas por Defensor del Pueblo, Fiscalía y los juzgados de control”, agrega la nota.