En total cinco aforados han sido citados a lo largo de este mes por el magistrado del Alto Tribunal Alberto Jorge Barreiro, que intenta esclarecer si tuvieron alguna responsabilidad en la concesión de ayudas a los ERE en esa comunidad, como sostiene la jueza Mercedes Alaya.

La jueza sevillana señalaba, en su exposición razonada en la documentación remitida al Supremo, a la anterior cúpula del Gobierno andaluz como responsable de diseñar un fondo para conceder ayudas sociolaborales en los ERE y subvenciones directas a empresarios de manera arbitraria, gracias a un fondo que dotó con 721 millones de euros entre 2001 y 2010. A Chaves le considera partícipe y conocedor del diseño de dicho fondo concebido para burlar la ley.

Alaya considera que ese fondo permitía dar el dinero de las subvenciones directas para empresas y extrabajadores afectados por los ERE de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta. Los exresponsables del Gobierno andaluz han venido sosteniendo que la partida era legal y que se aprobaba cada año por el Parlamento en la Ley de Presupuestos.

GRIÑÁN

La pasada semana ya declaró el también expresidente andaluz José Antonio Griñán, que afirmó tras prestar declaración durante más de cuatro horas que en el asunto de los ERE fraudulentos “no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude, y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar”.

Con esta afirmación, el dirigente socialista descartaba que existiera una estructura fraudulenta orquestada por la Junta, para enfocar la responsabilidad a la Consejería correspondiente que cometió tales irregularidades.

El expresidente andaluz explicó la línea que mantuvo ante el instructor e indistió en que, desde la consejería que él dirigía antes de llegar a la Presidencia, la de Economía y Hacienda, se encargaba de realizar la presupuestación, que fue correcta. El problema surgió, según su versión, cuando el dinero llegó a la Consejería de Empleo y se cambió el modelo de ejecución.

Griñán negó ante el magistrado del Tribunal Supremo que participara en el fraude de las ayudas públicas. Mientras él fue consejero de Economía, la intervención de la Junta nunca le alertó de la existencia de ciertas incidencias, dijo.

Antes de Griñán había ya había declarado José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, ahora diputado en el Congreso, quien alegó que es profesor y que carece de "formación jurídica" y confiaba "plenamente" en su equipo. Según dijo al juez, se limitó a aplicar las normas aprobadas en el Parlamento. Y agregó que creyó que los documentos que firmaba llevaban "el camino legal correcto", porque estaban "visados por sus subordinados".

850 MILLONES

A partir de esta semana pasarán por el Supremo Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

La Junta destinó supuestamente 850 millones de euros en ayudas para las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores, de los que 126 nunca estuvieron empleados en las empresas beneficiadas.

Además, se habrían pagado a las aseguradoras comisiones por la tramitación de pólizas que triplicaron los precios de mercado. Ese presunto uso indebido de dinero público enriqueció a intermediarios de las operaciones. La jueza Alaya sostiene que los exgobernantes andaluces idearon un instrumento presupuestario supuestamente ilegal, las “transferencias de financiación”, para conceder las ayudas.

La jueza basa su tesis incriminatoria en un informe de la Intervención General del Estado de diciembre de 2013 que no ha sido ratificado en sede judicial por los peritos, para que las defensas de los imputados puedan someterlo a contradicción. La jueza, pese a las reiteradas peticiones de los abogados de los imputados, fue aplazando este trámite y elevó la causa al Supremo sin hacerlo.