“El cambio del sistema actual, de presentación trimestral de certificaciones, al nuevo modelo, mensual, repercutirá de manera directa en mayor agilidad en el cobro por parte de los profesionales que prestan asistencia jurídica gratuita en la región”, señaló.

Victoria apuntó que este nuevo sistema se empezará a aplicar en el pago de la subvención aprobada este año para asistencia jurídica gratuita y que asciende a 32 millones de euros a repartir entre el Colegio de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares (28,8 millones de euros) y el Colegio de Procuradores (3,2 millones de euros).

Esta subvención, aprobada recientemente por la Comunidad de Madrid, está destinada a cubrir los gastos derivados de la representación y defensa en juicio, asistencia de abogado al detenido o preso y tramitación de los expedientes para la concesión de justicia gratuita.

Destacó que “el acuerdo aprobado hoy refuerza el compromiso que la Comunidad de Madrid tiene con la asistencia jurídica gratuita, tanto con su correcta prestación como con los profesionales gracias a los cuales es posible que llegue a las personas que la necesitan”.

Asimismo, explicó que el Gobierno regional ha destinado 107,5 millones de euros a esta materia en los últimos tres años.

Según Victoria, Madrid es la tercera comunidad que más invierte en asistencia jurídica gratuita, sólo por detrás de Cataluña y Andalucía, que tienen uno y dos millones más de habitantes respectivamente.

Además, añadió, la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras regiones, abona cuatro conceptos en la subvención concedida a los colegios de abogados: el turno de oficio, la asistencia al detenido, los gastos de tramitación (se paga una cantidad por cada expediente tramitado) y los gastos de infraestructuras.

Frente a esto, otras comunidades como el País Vasco y Cataluña sólo abonan los gastos de funcionamiento y no los de expediente tramitado, como si ocurre en Madrid.

Informó de que en 2014 se gestionaron en la región 102.957 expedientes de asistencia jurídica gratuita, un 20% menos que el año anterior (102.956).

Del total de expedientes, 63.363 pertenecieron al orden penal, 28.491 al civil, 4.871 al social, 5.194 al contencioso- administrativo y más de 1.000 a otro tipo de órdenes.