Griñán explicó que esos informes fueron remitidos a “otra consejería” del Gobierno andaluz, que no precisó, para su análisis, pero no a la de Economía y Hacienda, que era la que dirigía en ese momento.

Según fuentes jurídicas consultadas al final de la declaración, Griñán insistió en que los interventores no propusieron ninguna actuación ante posibles irregularidades, por lo que sus informes nunca le llegaron y fueron analizados por la consejería correspondiente.

Las explicaciones del expresidente andaluz fueron “muy técnicas, prolijas y extensas”, tanto que el magistrado tuvo que pedirle aclaración o repetición de sus respuestas en varias ocasiones.

Griñán sostuvo que como consejero de Economía era responsable de la aprobación y reparto de las partidas presupuestarias correspondientes a cada consejería, pero no de la ejecución del gasto en cada departamento. Eso sí, reconoció que dimitió en 2013 para no dañar la imagen del Partido Socialista.

La acción popular ejercida por Manos Limpias formuló varias preguntas durante el interrogatorio, que el expresidente andaluz no respondió. Tampoco citó expresamente a ninguna consejería como responsable del presunto fraude masivo de los ERE en esa comunidad, como sostiene la jueza Mercedes Alaya.