Griñán llegó media hora antes de la hora fijada para su declaración andando, dando muestras de tranquilidad y acompañado de su abogado. Se dejó fotografiar por los medios de comunicación que hacían guardia a las puertas del Supremo y dio a entender que hará declaraciones al término de su comparecencia.

El magistrado inició el pasado martes la toma de declaración a cinco exresponsables del Gobierno andaluz con el interrogatorio al exconsejero de Empleo José Antonio Viera. A partir de la semana próxima pasarán por el Supremo el también expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

La instructora del caso destapó un presunto fraude multimillonario en la concesión de ayudas públicas para prejubilaciones y despidos en decenas de empresas. La Junta destinó supuestamente 850 millones de euros en ayudas para las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores, de los que 126 nunca estuvieron empleados en las empresas beneficiadas.

Además, se habrían pagado a las aseguradoras comisiones por la tramitación de pólizas que triplicaron los precios de mercado. Ese presunto uso indebido de dinero público enriqueció a intermediarios de las operaciones. La jueza Alaya sostiene que los exgobernantes andaluces idearon un instrumento presupuestario supuestamente ilegal, las “transferencias de financiación”, para conceder las ayudas.

La jueza basa su tesis incriminatoria en un informe de la Intervención General del Estado de diciembre de 2013 que no ha sido ratificado en sede judicial por los peritos, para que las defensas de los imputados puedan someterlo a contradicción. La jueza, pese a las reiteradas peticiones de los abogados de los imputados, fue aplazando este trámite y elevó la causa al Supremo sin hacerlo.

El exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera negó el martes en el Tribunal Supremo haber diseñado la trama para la concesión irregular de ayudas públicas investigada en el 'caso ERE' y, sin apuntar en ningún momento a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, atribuyó la responsabilidad a sus subordinados.

Viera, ahora diputado en el Congreso, alegó que es profesor y que carece de "formación jurídica" y confiaba "plenamente" en su equipo. Él, le dijo al juez, sólo aplicó las normas aprobadas en el Parlamento. Y agregó que creyó que los documentos que firmaba llevaban "el camino legal correcto" porque estaban "visados por sus subordinados".