La Disposición Adicional Sexta de la Ley de Contratos del Sector Público establece la preferencia en la adjudicación del contrato a aquellas empresas que igualando a la oferta mejor valorada tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad.

Esta pretendida discriminación positiva, dice el PNV, resulta "insuficiente" para cumplir los requerimientos constitucionales de las personas discapacitadas y, en concreto, las que prestan su actividad laboral en Centros Especiales de Empleo.

Entienden los nacionalistas vascos que "la igualdad de condiciones de estos centros con cualquier otra empresa que acuda a un concurso público, constituye una quimera".

Por ello, creen que "el único mecanismo posible para garantizar el acceso al empleo de los trabajadores discapacitados que integren los Centros Especiales de Empleo en el ámbito del sector público consiste en recurrir a mecanismos de adjudicación directa como los que la ley prevé para los denominados contratos menores de adjudicación directa.

A juicio del PNV, es un "requerimiento ético y jurídico en un contexto en el que el desempleo sigue creciendo de manera preocupante" y afecta en mayor medida a sectores muy vulnerables como el de los discapacitados.