En una entrevista con Servimedia, Ruiz-Huerta aseguró que esta norma, que reforma la de 1992, es un “retroceso tremendo” que conduce a la ciudadanía “cada vez más” hacia unas circunstancias que no son viables en un Estado democrático.

“Es un acto de defunción y entierro de los derechos de participación democrática”, manifestó la también vicesecretaria de Podemos en la Comunidad de Madrid. La aprobación de esta ley, que a su juicio castiga los derechos de reunión y manifestación, “sanciona de manera indiscriminada la participación en cualquier concentración que no haya sido debidamente comunicada”, algo por lo que, dijo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado hasta en cuatro ocasiones a Turquía, así como a otros Estados comunitarios.

El de manifestación, defendió, es un derecho fundamental que debe estar “protegido” por los gobiernos y las instituciones de los Estados. Sin embargo, lamentó que en los países europeos, en los que se supone que los derechos humanos están garantizados, éstos se han ido “vaciando de contenido” a través de la aprobación de este tipo de leyes. “Es como una especie de esqueleto vacío por dentro”, lamentó.

“Los gobiernos tienen la obligación de tolerar un cierto nivel de desórdenes públicos para garantizar estos derechos de participación democrática, que tienen el carácter de derecho fundamental. Es obligación de los poderes públicos velar por el ejercicio de estos derechos”, afirmó.

Asimismo, Ruiz-Huerta recordó la celebración este viernes en el Congreso de los Diputados de unas jornadas sobre la relación entre la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal, a las que asistirá junto a la eurodiputada de Podemos Tania González.