Asimismo, aboga por aumentar en 10 años el periodo utilizado para el cálculo de la pensión, lo que supondría que se tuvieran en cuenta las aportaciones de los últimos 25 años para fijar la cuantía de la prestación.

Según el Ejecutivo, si a estas dos medidas se suma el retraso en dos años de la edad jubilación, el recorte del gasto en pensiones podría alcanzar el 4% del PIB en 2030.

En el texto, el Ejecutivo señala que cada año que se retrase la edad de jubilación "se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones".

Además, "cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión, se logra una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales".

"Por tanto", continúa el informe, "si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros -edad legal de jubilación y años mínimos de cotización- y se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi cuatro puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030".

Para el Ejecutivo, estas medidas supondrían una mejora "muy sustancial" del indicador de sostenibilidad del Sistema de pensiones español. Asimismo, el Gobierno subraya que, si a estas medidas se suma la estrategia de consolidación fiscal para el periodo 2010-2013, "el indicador de sostenibilidad agregado de España se situará entre los más favorables de los socios europeos".

El Ejecutivo afirma que estas medidas conforman un "ambicioso programa de reformas" que supondrían una "importante transformación del Sistema de pensiones español".