Asimismo, aboga por aumentar en 10 años el periodo utilizado para el cálculo de la pensión, lo que supondría que se tuvieran en cuenta las aportaciones de los últimos 25 años para fijar la cuantía de la prestación.

Según el Ejecutivo, si a estas dos medidas se suma el retraso en dos años de la edad jubilación, el recorte del gasto en pensiones podría alcanzar el 4% del PIB en 2030.