Así lo manifestaron la investigadora de AI sobre Venezuela, Nuria García, y el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, durante la presentación hoy en Madrid del informe ‘Los rostros de la impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aun esperan justicia’, que examina las historias de las personas que “murieron o fueron detenidas arbitrariamente y torturadas bajo custodia en el transcurso y después de las protestas” que tuvieron lugar en el país caribeño entre febrero y julio de 2014.

“Las autoridades venezolanas no han investigado las violaciones de derechos humanos y las familias no han obtenido ni verdad ni reparación, lo que genera impunidad”, subrayó Beltrán.

Durante las protestas se detuvo a 3.351 personas, “en muchos casos arbitrariamente”. La mayoría quedaron en plena libertad, se presentaron cargos contra 1.404, y 25 siguen detenidas en espera de juicio.

Amnistía Internacional tuvo acceso a los expedientes de cinco personas detenidas con cargos, y concluyó que su detención había sido arbitraria. Actualmente dos de estas personas están en libertad en espera de juicio.

Según los indicios de Amnistía, miembros de la policía permitieron a grupos armados progobierno que cometieran abusos contra manifestantes y transeúntes, e incluso que entraran ilegalmente en viviendas portando armas de fuego.

“Es hora de que las autoridades venezolanas paren esta situación, desarmen a los grupos armados progobierno y les hagan pagar por sus crímenes”, expuso García.

El informe de Amnistía Internacional documenta los sucesos de febrero de 2014, cuando miles de manifestantes contra el gobierno tomaron las calles, murieron 43 personas (entre ellas ocho funcionarios encargados de hacer cumplir la ley) y resultaron heridas otras 878, incluidos casi 300 efectivos de las fuerzas de seguridad.

El informe recopila el testimonio de víctimas con pruebas fotográficas, estableciendo que las fuerzas de seguridad “golpearon, torturaron e incluso dispararon con fuego real a los manifestantes”.

Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de personas detenidas que fueron sometidas a tortura y otros malos tratos (golpes, quemaduras, agresiones sexuales, asfixia, descargas eléctricas y amenazas de muerte) mientras estaban bajo custodia.

En la mayoría de los casos, los responsables de los abusos no han comparecido ante la justicia. El Ministerio Público ha investigado 238 informes de violaciones de derechos humanos, pero sólo ha presentado cargos en 13 casos.

“A todo ello hay que sumar la situación de los reclusos venezolanos, como Leopoldo López, quienes ven violados sus derechos humanos. Por ello, Venezuela debe fortalecer su Estado de derecho”, concluyó García.