Así lo ha confirmado al Cermi la Defensora del Pueblo, que da por resuelta la queja planteada por la plataforma representativa de la discapacidad en 2013.

Ese año, el Cermi denunció que esta dependencia administrativa no reunía condiciones de accesibilidad y excluía por tanto a personas con discapacidad, lo que originó la actuación de la Administración General del Estado para corregir estas deficiencias. Dos años después estas instalaciones son accesibles, permitiendo su uso regular por parte de personas con discapacidad con movilidad reducida.

En el año 2014, el Cermi realizó el informe '100 denuncias 100', en el que documentó 100 violaciones de los derechos de las personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad, entre la que se encontraba esta dependencia ministerial.