Así se desprende del ‘Informe sobre acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración General del Estado - ejercicios 2019 y 2020’, presentado en el Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad y recogido por Servimedia.

En 2020, año marcado por la crisis sanitaria de la covid-19, el Estado reservó 278 plazas de la oferta de empleo público (OPE) para personas con discapacidad. Se presentaron 1.787 candidatos, pero solo 150 aprobaron, quedando así el 53,95% de las plazas libres.

El porcentaje es prácticamente idéntico al de 2019. Con 563 puestos de trabajo guardados para personas con discapacidad, solo se seleccionaron a 304 empleados de los 2.551 que se examinaron, el 53,99% de las plazas ofertadas.

Estas cifras difieren de las registradas en el acceso libre, donde la proporción de candidatos aprobados por plazas convocadas se situó en 88,1% en 2019 y en el 83,9% en 2020.

Así, en base a los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, solo el 3% de los funcionarios que entraron a la Administración General del Estado durante estos dos años tenían una discapacidad superior al 33%.

Cabe recordar que la ley establece que en las ofertas de empleo público se debe reservar un cupo “no inferior” al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, “de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en cada Administración Pública”.

En estas dos convocatorias, sin embargo, ese objetivo se incumplió, ya que en ambos años la oferta inicial reservada a personas con discapacidad fue inferior al 5%. En este sentido, hay que subrayar que las plazas reservadas para personas con discapacidad que no se logran cubrir pasan al turno general.

TENDENCIA

No obstante, Hacienda defiende en su informe que ha mantenido el “progresivo aumento” de las plazas reservadas a personas con discapacidad en las ofertas públicas de empleo respecto a ejercicios anteriores, una tendencia que anticipa que también se ha seguido produciendo posteriormente entre 2020 y 2021.

Los datos, de hecho, avalan la versión del ministerio liderado por María Jesús Montero en lo que se refiere a volumen, pero ese “progresivo aumento” se debe, fundamentalmente, a un incremento de la oferta de empleo público en todos los ámbitos.

Así, mientras que las plazas reservadas a personas con discapacidad representaban el 5,44% en 2015 o el 5,05% en 2016, este porcentaje se rebajó hasta el 4,88% tanto en 2019 como en 2020. En 2017 y 2018 esta proporción fue del 4,87% y el 4,51%, respectivamente.

En este contexto, Hacienda reconoce en el documento que quedan “aspectos susceptibles de mejora”, como el porcentaje de aprobados en determinadas convocatorias de plazas, como las del subgrupo A1, por lo que debe realizarse “un esfuerzo para conseguir en el futuro una mayor participación en estos procesos selectivos”.

Por otro lado, el informe pone en valor que, en paralelo a la actuación de la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas muestran “una creciente preocupación y esfuerzo” para la incorporación de personas con discapacidad a sus respectivos ámbitos de competencia.

LOGRO DEL CERMI

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, declaró a Servimedia que el acceso al empleo público de personas con discapacidad “no alcanza todo el potencial que podría tener, aunque haya mejorado la presencia y el progreso de estas” en la AGE y en el sector público estatal.

A su juicio, está siendo “especialmente positiva” la incorporación de personas con discapacidad intelectual a partir de la creación de la subcuota específica del 2%, un “logro” del Cermi que “debe generalizarse en todas las administraciones, como las autonómicas y locales”.

Como mejoras para seguir favoreciendo el acceso de las personas al empleo público, el responsable de la plataforma representativa de la discapacidad en España subraya la renovación del marco normativo reglamentario, “ya antiguo”, pues data de 2004. Igualmente, pide el establecimiento, por parte de las administraciones convocantes, de bolsas de ayudas económicas a aspirantes con discapacidad para que puedan prepararse las oposiciones, “sin que la desigualdad de recursos las castigue”.

“Además, y haciendo algo de autocrítica, el movimiento social de la discapacidad debe involucrarse más activamente, como principal operador de empleo que es en esta esfera, en desarrollar iniciativas de acompañamiento al empleo público de personas con discapacidad”, ahondó Pérez Bueno.