El último recurso, admitido por el TC hace unos días, fue presentado ante por el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el 4 de febrero contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Este recurso se sumó a la lista de los presentados por los socialistas esta legislatura, que se inició con la presentación de un recurso contra un artículo del real decreto 15/2012 por el que el Gobierno cambiaba el sistema de renovación del Consejo de Administración RTVE.

En total, según se informó a Servimedia desde el Tribunal Constitucional, los magistrados ya han emitido sentencia sobre siete asuntos y todos desestimaban el recurso planteado.

La última de estas sentencias fue sobre el recurso presentado contra la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha.

Precisamente, sobre medidas aprobadas en esta región que preside la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el TC ha emitido hasta cuatro sentencias desestimando recursos presentados por el PSOE. Senadores socialistas presentaron varios recursos contra la reforma del Estatuto y de la ley electoral en Castilla-La Mancha, no obstante el Tribunal desestimó los recursos.

Otro de los pronunciamientos del TC es sobre el recurso que presentaron al real decreto ley del Gobierno para regular la colocación indebida de productos financieros, incluidas participaciones preferentes.

También se desestimó el recurso contra la reforma laboral que presentaron los socialistas junto con miembros de otros partidos (IU, ICV-EUiA y Chunta Aragonesista), hasta un total de 104 diputados.

El séptimo de los recursos presentado por el PSOE sobre los que se ha pronunciado el TC es elevaron contra la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que también se desestimó.

Dentro del título IX de la Constitución, se establece que están legitimados “para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.