En la rueda de prensa, el presidente del sindicato, Nicolás Hernández Guisado, declaró que el curso pasado se registraron 3.569 llamadas a nivel estatal, de las que un 15% correspondieron a amenazas y acoso por parte de padres.

La coordinadora de la Memoria Defensor del Profesor de ANPE-Madrid, Inmaculada Suárez, apuntó en este sentido que “los padres se han vuelto muy protectores y ante cualquier límite que se intenta poner a los niños dan la razón a sus hijos en contra de los profesores”.

En su opinión, “no se puede cuestionar permanentemente la labor del docente”, ya que esto no sucede en ninguna otra profesión.

En esta línea, resulta especialmente llamativo el hecho de que la mayoría de los casos de acoso por parte de padres y otros familiares se den en la educación infantil, subrayó.

Según esta memoria, las quejas por indisciplina (40%) han descendido con respecto al curso anterior, y se ha verificado un aumento importante en las amenazas relacionadas con las nuevas tecnologías (grabaciones por móvil o vídeo).

Además, las agresiones físicas se mantienen en el 3% y el acoso por parte de alumnos representa un 17% del total de llamadas recibidas, recoge el informe.

PROPUESTAS AL MINISTERIO

Para Hernández Guisado, “el documento presentado por el ministro es un buen punto de partida”, ya que ”incluye un apartado dedicado a la mejora de la convivencia en los centros y a la educación en valores”.

“todo depende de cómo terminen las negociaciones”, señaló, ya que si “se limita a una declaración de buenas intenciones y de refuerzo moral no servirá para mucho”, afirmó el presidente.

A su juicio, es necesaria una ley estatal que reconozca la autoridad pública del profesor y la puesta en marcha de una campaña de imagen que devuelva el prestigio al personal docente.

Estas medidas aparecen recogidas en un documento de propuestas presentado al Ministerio, donde también figura la creación de “aulas deconviviencia” para la resolución de conflictos y la necesidad de formar al profesorado en este sentido.

Finalmente, Hernández Guisado propuso modificar la Ley del Menor si es necesario para que los agredidos estén realmente protegidos y no sean ellos quienes tengan que abandonar sus centros.