El escrito, presentado por el letrado Santiago Muñoz Machado en nombre de la compañía de aguas de Barcelona, concluye que “después de dos años en que la Generalitat de Cataluña sigue incumpliendo de modo manifiesto y grave las Directivas de recursos contractuales, SGAB ha decidido acudir a la Comisión Europea para que inicie el procedimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE”.

Dicho artículo faculta a la Comisión para emitir un dictamen motivado en caso de que un Estado miembro incumpla alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados.

La denuncia alude a “la vulneración, por un poder adjudicador (la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña), del derecho a un recurso eficaz en materia de contratos públicos, además de los principios básicos de la contratación pública (igualdad, transparencia y libre competencia”.

Según la denuncia presentada este viernes en Bruselas, a pesar de que la OARCC resolvió que debía excluirse la oferta del adjudicatario, “sigue ejerciendo desde enero de 2013 como adjudicatario quien carece de derecho a ello (Acciona), en manifiesta y escandalosa burla del recurso contractual que, sin embargo, ha sido incorporado a la legislación española en virtud de lo establecido en la legislación de la UE”.

Se recuerda al respecto que “no es que se haya paralizado el procedimiento de contratación durante todo este tiempo, sino que el poder adjudicador ha formalizado el contrato con el licitador cuya oferta debió excluirse, pese a la nulidad del acuerdo de adjudicación declarada por el órgano competente en materia de recursos”.

Aunque la resolución del OARCC es ejecutiva y así lo han confirmado con carácter firme los Tribunales españoles, seis autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tres Sentencias firmes del Tribunal Supremo, según Agbar, la Generalitat está quebrantando así la garantía y el imperativo de la eficacia que se debe reconocer al recurso especial en materia de contratación que impone la Directiva 2007/66/CE cuya finalidad justamente es la de evitar los hechos consumados y el mantenimiento de situaciones ilegales o de hecho en la contratación pública de los poderes adjudicadores europeos.