Así lo explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien destacó que se trata de una iniciativa “necesaria” porque la demarcación vigente se aprobó en 2007 “intentando responder a un momento expansivo que ya no lo era en aquel momento”.

Por ello, se ajustará el sistema a la “demanda actual”, caracterizada por “un crecimiento sostenible aunque muy diferente al que se veía en el año 2007”, agregó.

La número dos del Ejecutivo señaló que se establecen criterios para la creación y supresión de plazas, que responden a la voluntad de facilitar a los ciudadanos el acceso al servicio, favorecer la libre elección de notario, garantizar la sostenibilidad de los despachos y estimular a la formación permanente de los profesionales del sector.

Con esta norma se ha procurado mantener el máximo número de plazas en las zonas rurales, sobre todo en las unipersonales, además de para evitar desplazamientos porque muchas veces la notaría es una de las pocas oficinas públicas que hay en la zona.

En el caso de la notarías pluripersonales, se va a proceder a la reestructuración de las mismas, “amortizando las plazas que no son imprescindibles para la prestación del adecuado servicio público”.