El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de la formación, Ramón Marcos, dijo que UPyD pide una “auditoría completa para el control de la justificación de los procedimientos de contratación utilizados, las modificaciones de los contratos las facturas emitidas en ejecución de los contratos y sus modificaciones, y la adecuada contabilización de cada uno los gastos producidos en ejecución de los contratos”.

La formación magenta también pide una “valoración comparativa para comprobar si los servicios se contrataban a precios de mercado y un análisis específico de la existencia de sobrecostes, desviaciones o cuantías sin justificar”.

Asimismo, solicita que “se depuren todas las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la misma, así como poner en conocimiento de la Justicia y de la Cámara de Cuentas aquellos hechos constatados que pudieran suponer infracciones de carácter penal o contable”.

En la iniciativa registrada por UPyD también se pide una investigación interna e independiente de los contratos del Canal de Isabel II.

Según UPyD, tanto ICM como el Canal son entidades que “por peculiaridades de su régimen jurídico se caracterizan por una especial opacidad, especialmente en cuanto a la ejecución de los contratos y operaciones financieras que realizan”.

Ramón Marcos presentó este miércoles una denuncia en la Audiencia Nacional contra el ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, imputado en la 'operación Púnica', y el profesional contratado por el Gobierno regional a través de ICM para prestar asistencia al juez Antonio Pedreira, entonces instructor del caso Gürtel, que según la formación magenta habría actuado como un "espía" del Ejecutivo autonómico.

"La Comunidad de Madrid, a través de esta persona que se contrataba por la ICM, ha podido conocer los datos secretos del caso Gürtel y aprovecharse de ellos para tomar determinadas decisiones políticas o influir en el procedimiento, creemos que es muy grave, es un posible delito de revelación de secretos y queremos que los jueces hagan una averiguación", explicó Marcos.

El candidato de UPyD apuntó que "esta persona, contratada por el Gobierno del PP que tuvo acceso al secreto de sumario ganaba 6.400 euros al mes de dinero público".

"Ya está bien de tanta corrupción, hay que hacer una profunda limpieza democrática porque no se pueden poner los pilares del futuro sobre tierra contaminada", concluyó.