En su escrito de acusación, el fiscal reclama ocho años de prisión para Alfonso Martínez de Lizarduy, Ramón Sagarzazu Olazagirre, Jean Pierre Haracorene Camio y Emilio Castillo González por el delito de integración en grupo terrorista y otros seis años para José Carmelo Lukin, Ignacio Aristizabal y Jesús Iruretagoiena de la Fuente, por un delito de colaboración.

Los acusados, que fueron procesados en 2008 por el juez Baltasar Garzón, formaban parte de una subestructura de ETA llamada `Gezi´, que estaba liderada por el fallecido Joseba Elosua, propietario del bar Faisán, que recibió un chivatazo policial en 2006 que frustró una operación policial contra la red de extorsión.

Entre las empresas a las que se extorsionó figura Azkoyen y cinco miembros de su consejo de administración se sentarán en el banquillo enfrentándose a una petición fiscal de 6 meses de cárcel por acceder a pagar 37 millones de pesetas, que deberán reembolsarEl chivatazo por el que han sido condenados el ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamies y un inspector jefe precipitó el aplazamiento de la operación policial prevista para mayo de 2006. Las detenciones se acabaron produciendo un mes más tarde.

Según relata el escrito del fiscal Carlos Bautista, el seguimiento que se hizo a un empresario víctima de extorsión en 2003 condujo al bar Faisán, donde “se recibían informaciones de naturaleza económica, se gestionaban los contactos con los extorsionados, se recibía dinero y se entregaban recibos, trasladando dinero obtenido a responsables o colaboradores de la organización terrorista ETA en Francia”.

En el centro de la red estaba el dueño del local, Joseba Elosua, que según el fiscal “se configuraba como el recaudador de las cartas de extorsión previamente remitidas por la organización terrorista”.

Entre el material intervenido en las detenciones había un recibo de pago por 54.000 euros que dos empresarios navarros habían cedido ante la banda. La fiscalía explica que “según las cartas obrantes en la causa, suele durar entre 24 y 30 meses, comprendidos desde la primera a la última carta; en esta última, si existe impago, ya advierten que la persona y bienes del empresario pasan a considerarse objetivos militares. El número de cartas enviadas en este periodo es de cuatro o cinco, con un margen temporal de entre seis y 12 meses”.