Amnistía pide el fin del derecho de veto en la ONU en casos de crímenes masivos

- Lo pueden ejercer China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia

- Califica de “vergonzosa e ineficaz” la respuesta global a los abusos de Estados y grupos armados

MADRID
SERVIMEDIA

Amnistía Internacional (AI) emplazó este miércoles a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia) a que, 70 años después de la creación de las Naciones Unidas, renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y crímenes de guerra o contra la humanidad.

Ésta es una de las propuestas recogidas en su ‘Informe Anual 2014/15’, hecho público hoy, con el fin de que mejore la situación de los derechos humanos en el mundo, se haga frente al “nuevo rostro” de los conflictos y se proteja a la población civil de la violencia cometida por Estados y grupos armados.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, señala que los informes anuales de esta organización tienen tradicionalmente la cubierta en negro, pero “el de este año es especialmente negro porque contiene datos devastadores”.

Sin embargo, apunta que la “catastrófica” situación de los derechos humanos “tiene soluciones”, por lo que Amnistía Internacional “va a hacer campaña” en cuatro aspectos. Uno de ellos es que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renuncien a su derecho al veto en los casos de crímenes masivos.

“Naciones Unidas nació hace 70 años para que nunca más ocurrieran los horrores de la II Guerra Mundial y cumpla con su obligación de proteger a los civiles. El único órgano con capacidad legal indiscutible para toda la humanidad es el Consejo de Seguridad. ¿Cómo podemos sacarlo de la parálisis? Que Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido renuncien a su derecho al veto en situaciones de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad”, comenta.

Para Beltrán, existen varias fórmulas para ello: un código de conducta auspiciado por Francia y que cuenta actualmente con el apoyo de 40 países o a través de un tratado o una convención internacional.

La renuncia al derecho de veto supondría, por ejemplo, el envío de observadores sobre el terreno en casos de conflicto, el embargo de armas, sanciones económicas a gobernantes, denunciar a un país ante el Tribunal Penal Internacional o el uso de la fuerza en determinados casos. “Lo que no es de recibo es que simplemente con el veto de un país en el Consejo de Seguridad millones de personas queden al albur de sus gobernantes o grupos armados”, recalca Beltrán.

Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah), profundiza en esta propuesta: “Hace 10 años se discutía democratizar la ONU y una de las propuestas era eliminar el derecho de veto en cualquier circunstancia. Hoy no se habla nada de eso y sería la expresión de la voluntad de esos cinco países para renunciar al veto cuando no estén en juego sus intereses vitales”.

Las otras tres próximas campañas de Amnistía Internacional se centrarán en restringir el uso de armas indiscriminadas en zonas densamente pobladas, impulsar el Tratado sobre el Comercio de Armas (que entró en vigor en la pasada Nochebuena) y que en la política antiterrorista no se emplee la vigilancia masiva de la privacidad de las personas.

PRINCIPALES CIFRAS

El informe de AI, de 476 páginas, ofrece una panorámica completa de los derechos humanos en 160 países durante 2014. Algunas de sus cifras son las siguientes: los grupos armados proliferaron en 35 países (1 de cada 5), en al menos 18 Estados se cometieron crímenes de guerra, más de 3.400 personas murieron ahogadas en el mar Mediterráneo intentando llegar a Europa, unos 4 millones de refugiados huyeron del conflicto en Siria (el 95% de ellas se quedaron en países vecinos), 62 gobiernos encarcelaron a presos de conciencia, 119 países (3 de cada 4) restringieron la libertad de expresión de forma arbitraria, 82 de ellos (82%) sometieron a personas a tortura u otros malos tratos y 93 países (58%) registraron juicios injustos.

El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, señala que 2014 fue “un año catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia” y que “la respuesta global a los conflictos y a los abusos cometidos por Estados y grupos armados ha sido vergonzosa e ineficaz”. “Mientras la gente sufría una escalada de brutales ataques y represión, la comunidad internacional ha dejado mucho que desear”, añade.

El informe subraya que los conflictos adquirieron el año pasado un “nuevo rostro”. Como explica el presidente de Amnistía Internacional España, Alfonso Sánchez, se fortalecieron los grupos armados “que emplean tácticas brutales” y adquieren “la autoridad del Estado”, como Boko Haram en Nigeria o el autodenominado Estado Islámico (EI) en Iraq, que, además, emplean sofisticadas técnicas audiovisuales en las redes sociales “para causar mayor impacto, reclutar militantes y llegar a cada vez más gente”.

Además, este “nuevo rostro” se refleja en las personas refugiadas. “Estamos en una de las mayores crisis de refugiados que el mundo haya conocido, probablemente la mayor después de la II Guerra Mundial. Es abominable ver cómo los países ricos destinan la mayor parte de sus esfuerzos a impedir que los refugiados entren en sus fronteras y no a salvar vidas”, añade Sánchez.

Y también se muestra en “las señales que advierten del regreso de la Guerra Fría a Europa”, con el caso de Ucrania del este, donde cerca de 5.500 personas han muerto y ambos bandos en conflicto han cometido crímenes de guerra.

Con este panorama, Amnistía Internacional vislumbra como tendencias para 2015 y 2016 el agravamiento de las amenazas contra la libertad de expresión y de reunión con “leyes antiterroristas draconianas” y la vigilancia masiva por parte de los gobiernos; el aumento de los ataques de grupos armados, que están adquiriendo una autoridad similar a la de los Estados sobre cada vez más poblaciones civiles; el empeoramiento de las crisis humanitarias y de refugiados con el cierre de fronteras, y un número cada vez mayor de personas desplazadas por los conflictos.

SIRIA

Entre los países incluidos en el informe de Amnistía Internacional está Siria. Yara Bader, periodista y directora el Centro Sirio para los Medios de Comunicación, denuncia a través de esta organización los abusos de derechos humanos que ocurren en su país.

En febrero de 2012, Bader y varios compañeros, entre ellos su marido, Mazen Darwish, fueron detenidos en la cárcel de Adra por las fuerzas Aéreas de Inteligencia Siria.

Bader estuvo presa tres meses y su marido y el resto de compañeros continúan encarcelados esperando la sentencia de sus casos.

En una rueda de prensa en Madrid, Bader destacó que “después de cuatro años de conflicto, está absolutamente claro que las entre las víctimas de esta situación están los defensores de derechos humanos, como periodistas, activistas, mujeres, abogados...”. “Tiene que detenerse esta situación. En Siria, las personas están luchando por su mera supervivencia”, concluyó.

(SERVIMEDIA)
25 Feb 2015
MGR/gja/caa