Este consejo es un órgano asesor del que también forman parte expertos en la materia y representantes de plataformas sectoriales. Famma recordó que, según el artículo 3 del reglamento que rige su funcionamiento, las principales funciones del consejo son las relacionadas con el "asesoramiento, información, propuestas de criterios de actuación y fomento de la accesibilidad", en virtud de lo que establece la propia Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad.

"No obstante", denuncia Famma, "en la actualidad, este consejo, que depende directamente de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad, que mira para otro lado cuando de 'sancionar se trata', es un instrumento poco eficaz debido al papel que ejercen los representantes de la Administración regional en él".

"Se limita a ser una herramienta al servicio del partido del gobierno de turno más que a velar por los intereses de los ciudadanos, especialmente de los que tienen discapacidad", prosigue la federación.

Por este motivo, la entidad critica que, "pese a que en el Consejo hay verdaderos expertos en accesibilidad", el órgano no asuma un papel proactivo en esta materia para, por ejemplo, promover sanciones ante los casos más "flagrantes" de incumplimientos en este ámbito.

Y es que, asegura Famma, de las 371 denuncias en materia de accesibilidad que ha recibido este consejo entre 1999 y 2014, "ninguna ha derivado en una sanción".

Famma recuerda que según el artículo 42 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, las sanciones por infracciones relacionadas con la accesibilidad pueden suponer entre 300,51 y 6.010,12 euros en el caso de faltas leves; entre 6.010,13 y 60.101,21 euros, si se trata de faltas graves, y entre 60.101,22 y 300.506,05 euros si las faltas son muy graves.

También recoge la ley que el importe de estas multas se ingresará en el denominado Fondo para la Supresión de Barreras (regulado por el artículo 36 de la mencionada norma), que se dotará de recursos económicos para promover la accesibilidad y la supresión de barreras. Pero este fondo, asegura Famma, "carece de financiación desde su existencia".

Por todo esto, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid reclama que se tomen medidas para dinamizar el funcionamiento de este consejo, "que podría ser muy útil y valioso para avanzar en la verdadera eliminación de barreras y para promover la accesibilidad universal y el diseño para todos".