Dicho órgano, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es el encargado de actualizar las prestaciones ortoprotésicas que ofrecen a las personas con discapacidad los apoyos o ayudas técnicas necesarias para llevar una vida normalizada y autónoma.

El Cermi recuerda que todas las demás instancias, administrativas, médicas y científicas, tienen representación en ese órgano asesor, pero no así la ciudadanía con discapacidad, lo cual supone una falta considerable en el principio de participación de los interesados en las decisiones que les afectan.

Agrega que en el ordenamiento jurídico español, la participación efectiva de las personas con discapacidad y sus familias en todos los órganos de consulta de la Administración General del Estado es una obligación impuesta por la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau), por lo que la regulación actual de este Comité infringe dicho precepto legal.

El Cermi pide, desde hace años, la modificación de la norma reguladora de dicho Comité para incluir a un representante de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, que aporten los conocimientos, necesidades, demandas y propuestas de este sector social.