La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, ha dirigido un escrito al juez en el que recuerda que todos aquellos que vendan inmuebles a no residentes en España “están obligados a retener e ingresar” el 3% del importe de la transacción.

El juez ha negado al cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin, la posibilidad de quedarse con una parte del dinero que consiga por la venta y sólo da su consentimiento para la venta si el matrimonio entrega en el juzgado los 2,3 millones de euros correspondientes a la venta de su mitad de la propiedad como parte de la fianza para responder a las posibles responsabilidades económicas derivadas del caso.

La defensa del duque quería que parte de ese dinero sirviera para pagar a la Hacienda Pública y argumentaba que aún podría ingresar en el juzgado “la nada despreciable” cifra de 2,1 millones de euros. Pero el juez se ha negado, con el argumento de que la cantidad que debe abonar Urdangarin a la Agencia Tributaria no es producto de ningún delito fiscal investigado en la causa Nóos.