Las declaraciones se producirán, por tanto, una vez celebradas las elecciones autonómicas en Andalucía, que están convocadas para el 22 de marzo próximo.

En concreto, tendrán que explicarse en calidad de imputados el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el 9 de abril, los expresidente autonómicos José Antonio Griñán (14 de abril) y Manuel Chaves (16 de abril) y los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno (21 de abril).

El instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo ordenó el pasado día 12 al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil una investigación sobre dos de los aforados en el caso de los ERE, Mar Moreno y Gaspar Zarrías, centrada en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía que puedan estar relacionados con los hechos que investigó la jueza Mercedes Alaya.

El magistrado de la Sala II que instruye la causa que se sigue en el Supremo contra los cinco aforados por el 'caso ERE' dictó hace una semana una providencia en la que indica que los datos sobre Mar Moreno recogidos en las actuaciones de la causa principal sobre los ERE, y remitidos al Alto Tribunal por la jueza Mercedes Alaya, merecen que la Guardia Civil realice una investigación.

Esas pesquisas deben, según la providencia, estar centradas "en constatar cuáles son las actividades realizadas por aquélla en el ámbito de la Junta de Andalucía o en cualquier otro cargo público que estuviera relacionado con los hechos presuntamente delictivos que aquí se investigan; es decir, con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas, en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2012. Debiendo centrarse, fundamentalmente, en el periodo de tiempo en que desempeñó el cargo de consejera de Presidencia en el Gobierno de Andalucía".

El juez quiere recibir información sobre qué resoluciones dictó como consejera en relación a los hechos investigados; los actos en que intervino relativos a su ejecución y actuaciones en las que aparece directamente vinculada que tuvieran alguna repercusión en el menoscabo patrimonial del erario público que se investiga en la causa.

En igual sentido, ordenó una investigación de la misma índole en relación con Gaspar Zarrías, "centrada en los actos que haya ejecutado como consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía que tuvieran alguna vinculación con los hechos delictivos que son objeto de la presente causa". El oficio del juez se dirige a la Unidad Central Operativa del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil.

IMPUTADOS

El Tribunal Supremo dictó también un auto el 28 de enero pasado en el que declaraba como "imputados" a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dentro de la investigación judicial que está realizando por el caso de los ERE falsos.

La Sala de lo Penal aceptó la personación de tres acusaciones populares en un auto, en el que se afirmaba que "se encuentran imputados" en la causa los diputados nacionales Manuel Chaves, Antonio Viera y Gaspar Zarrías y el senador José Antonio Griñán.

El escrito admitía la personación del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, de la Asociación Pro Justicia Siglo XXI que dirige el abogado Emilio Rodríguez Menéndez y del Partido Popular de Andalucía.

Además, la Sala decidió que las tres acusaciones populares "actuarán bajo una misma dirección y representación" a través del sindicato Manos Limpias, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Tribunal Supremo apostó por esta vía dado que "la proliferación de partes contribuye a dificultar el adecuado manejo de la causa, lo que generalmente redunda en un indeseable retraso en su tramitación".

La Sala de lo Penal se declaró competente el pasado 13 de noviembre para llevar a cabo la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento con respecto a los aforados Manuel Chaves, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán y María del Mar Moreno. Los dos expresidentes manifestaron al tribunal su deseo de comparecer de forma voluntaria, por lo que no será necesario pedir el suplicatorio al Congreso o al Senado.