Paniagua acudió a la Comisión para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su departamento.

Señaló que en la actualidad, 1,4 millones de personas se benefician del IMV (unos 510.000 hogares), y que dos de cada tres titulares de esta prestación son mujeres.

En esta línea, destacó que el Ingreso Mínimo “es mucho más que una prestación”, pues engloba toda una serie de medidas de acompañamiento para lograr la inserción social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad que lo perciben.

Ejemplo de esto es 'El Sello social de las Empresas', que obtendrán aquellas compañías que contraten a beneficiarios del IMV o que colaboren con itinerarios de inclusión. Este distintivo se concede también a las empresas que ya efectuaron estas contrataciones, resaltó Paniagua.

Otra de las medidas contempladas en la Ley del IMV para fomentar la empleabilidad de este colectivo es el complemento al empleo, que entrará en vigor en 2023. Según Paniagua, tiene por objetivo “combatir la trampa de pobreza” que desincentiva a algunas personas de aceptar ciertos trabajos ante la posibilidad de que ello le suponga una pérdida económica.

Aprobado en Consejo de Ministros el 27 de septiembre, este complemento busca que el beneficiario que se incorpore al mercado de trabajo o incremente el número de horas de empleo en el caso de que ya esté trabajando, vea garantizado que su renta disponible sea superior a la que habría tenido sin incentivo, con un incremento que se atenúa a medida que los rendimientos del trabajo aumentan.

“Como mínimo, por cada euro invertido en el complemento al empleo esperamos recuperar un euro (que dejará de pagarse mediante el IMV), estimó Paniagua, pero podemos llegar a los 3,5 euros de ganancia”.

Por otro lado, señaló que el 60% de los perceptores del IMV realizaron la Declaración de la Renta, con una devolución media de 400 euros (una mensualidad). En su opinión, es también muy importante “atraer al sistema” a estas personas para que sus situaciones se vayan normalizando.