Francisco Caja, responsable de Convivencia Cívica, explicó a Servimedia que están en contacto con la CGT, en previsión de que haya empleados de cines de Cataluña que pierdan el trabajo como consecuencia de las cuotas lingüísticas.

Caja explicó que la idea es que si un empleado de cine es despedido, en el proceso ante la jurisdicción laboral se alegue que el despido es consecuencia de una norma inconstitucional, en referencia a la Ley del Cine catalana, que incluye las cuotas lingüísticas.

Al mismo tiempo, el responsable de Convivencia Cívica se mostró convencido de que obligar a que se exhiban películas en catalán es una "batalla perdida" para el Gobierno de José Montilla.

Argumentó que hace años la Generalitat también lo intentó, pero fue impedido por los jueces. Caja añadió que "la imposición de multas en esta materia es absolutamente ilegal".