Según las declaraciones de los imputados que pasaron hoy ante el juez, los “usos y costumbres” de la entidad permitían a los consejeros seguir empleando las tarjetas durante los tres meses posteriores al cese en sus funciones, mientras Caja Madrid les buscaba sitio en el consejo de administración de alguna sociedad participada.

La mayoría de los que hoy declararon aseguraron que las cosas cambiaron con la llegada de Miguel Blesa a la Presidencia de la caja. Desde ese momento se informó a los consejeros y directivos que las tarjetas tenían a partir de ese momento un uso discrecional que no necesitaba ser justificado y por cuyo uso escaso incluso se regañaba a sus titulares.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado fianzas civiles para los imputados, a excepción de Juan José Azcona, Rodolfo Benito, Gonzalo Martín Pascual y Marcos Guerrero, aunque no es descartable que en un futuro pueda solicitarlas. Ellos no han reconocido la veracidad de los gastos que se les atribuyen y por eso el fiscal no ha solicitado fianzas por el momento.

PAQUETE RETRIBUTIVO

El exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín aseguró al juez que las tarjetas formaban parte del “paquete retributivo” de los consejeros, que también incluía seguros médicos, una línea de crédito preferencial y el uso de las tarjetas. Pese a tener esta consideración, dijo, la mayor parte de sus gastos estaban relacionados con su actividad de consejero. Lo que al parecer no pudo dejar claro es el destino que dio a los miles de euros que extrajo en metálico en 700 ocasiones.

Tras Moral Santín, que fue consejero a propuesta de IU y que gastó 456.552 euros, el juez interrogó al exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta, que cargó 137.617 euros, y a los sindicalistas de CCOO Juan José Azcona, Pedro Bedia y Rodolfo Benito, que disfrutaron de 99.300, 78.200 y 140.600 euros, respectivamente.

También estaban citados el socialista Ramón Espinar (173.999) y Guillermo Ricardo Marcos Guerrero (de Unipyme, y que gastó 130.947 euros). Por último, este lunes están citados el miembro de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700) e Ignacio de Navasqües, representante de la Confederación de Cuadros y Profesionales, que cargó 191.981 euros.

A excepción de Azcona y Benito, que comparten abogado y que aseguraron que usaban las tarjetas en concepto de gasto de representación, los demás admitieron que se trataba de una retribución. Pese a ello, Benito siguió usando su tarjeta después de dejar de ser consejero, actuación que ha justificado porque formaba parte de los “usos y costumbres” de la entidad.

La mayoría de los declarantes explicaron que en la etapa anterior a la presidencia de Blesa, era Ángel Montero quien las entregaba como medios de pago en casos de gasto de representación y con la recomendación de ser “prudentes”. Con la llegada de Blesa, el nuevo responsable, Enrique de la Torre, les indicó que el uso de las tarjetas era “libre” con un límite mensual o anual.

Pedro Bedia llegó incluso a explicar al magistrado que recibió llamadas para reprenderle por el escaso uso que hacía de la citada tarjeta opaca. La mayor parte de los imputados que declararon hoy dijeron al juez que no hacían extracciones en metálico porque sus tarjetas o no tenían pin o nunca intentaron reintegros.

Lo que sí les dijeron a todos es que podían usar las tarjetas en compras de libros, viajes, regalos u hoteles, así como en adquisición de ropa, puesto que como consejeros se les exigía vestir de traje y corbata.

DUDAS DEL JUEZ

Andreu considera que existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Lo que pretende aclarar es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.

El juez hacía constar en su auto que si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido, y recuerda que además se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación.

De ese modo, se acabó "convirtiendo su entrega en una remuneración irregular, de forma que con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa". Atendiendo a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas , el magistrado tiene serias dudas de que se tratara de tarjetas de empresa.

Ante la otra opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, el juez tampoco entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron.

Tampoco se explica "por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo del que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos tendrían derecho".

Para aclarar estos términos el juez quiere oir también como testigos a los cinco directivos que nunca usaron las tarjetas y al expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro. A estos testigos les cita para el 20 de febrero.