Los economistas auditores explicaron en una nota que aunque no ha tenido acceso todavía al texto aprobado por el Gobierno, cree que “hay tiempo para mejorar la ley en el proceso parlamentario y que va a trabajar para lograr que se apruebe esta legislatura y con el máximo consenso posible”.

En esta línea, el REA-REGA-CGE considera que en el último texto al que han tenido acceso, el remitido al Consejo de Estado, existen varias áreas en las que es necesario trabajar para ofrecer una “adecuada respuesta a los problemas técnicos que presenta”. Entre ellos, se encuentran la definición de entidad de interés público (EIP) que, con la redacción a la que han tenido acceso haría que en España siguiesen teniendo este carácter más de 6.000 entidades, esto es seis veces más que Alemania, un país con una economía “notablemente mayor”.

Asimismo, considera que en el texto remitido al Consejo de Estado el contenido del informe de auditoría previsto se aparta del definido en la directiva comunitaria. En este sentido, destacan los problemas relacionados con el régimen de independencia, de redacción “confusa y de difícil cumplimiento en la práctica”, que incluye la problemática asociada a la concentración de honorarios, de especial impacto en el pequeño y mediano auditor; con el modelo de supervisión de la auditoría de cuentas que se necesita en España, con el sistema de tasas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y con múltiples aspectos técnicos que suscita el texto.