Los ‘hedge funds’ podrán otorgar préstamos a empresas
- El Gobierno aprueba un decreto para aumentar la financiación no bancaria de las pymes
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El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto que desarrolla la ley relativa a las instituciones de inversión colectiva (IIC), con el objetivo de aumentar las fuentes de financiación no bancaria de las empresas españolas y que incluye la posibilidad de que los 'hedge funds' puedan dar préstamos a inversores institucionales.
Así lo anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde explicó que en España “tenemos un problema”, que es que el 95% de las financiación de las pymes es bancaria.
“Esto supone que una crisis bancaria se traduce inmediatamente en una falta de crédito, lo que genera una recesión”, explicó el responsable de Economía, quien añadió que “uno de los objetivos del Gobierno es incrementar las fuentes adicionales de financiación para que la procedente de los bancos sea más limitada”.
Para lograrlo, el decreto refuerza los requisitos de control de riesgos, de liquidez y de conflictos de interés de las gestoras de estas instituciones de inversión colectiva, que además deben “asegurar una política de remuneraciones más transparentes y con los incentivos adecuados”.
‘Hedge funds’
Asimismo, se abren opciones de financiación alternativas, como permitir que las IIC libres (los llamados ‘hedge funds’) puedan invertir en facturas, prestamos o en efectos comerciales y que puedan otorgar préstamos.
En este sentido, Guindos hizo hincapié en que esta posibilidad de que los ‘hedge funds’ puedan otorgar préstamos se deberá realizar “con publicidad y dando a conocer a los potenciales inversores los riesgos”.
Además, se limita su comercialización a los inversores institucionales, ya que estos “tienen unas características especialmente estrictas”. No obstante, se permite a estos fondos la comercialización a minoristas cualificados “siempre que haya un desembolso mínimo de 100.000 euros y que dejen por escrito que conocen los riesgos asumidos”.
(SERVIMEDIA)
13 Feb 2015
MFM/gja