Sáenz de Santamaría realizó estas declaraciones después de que este jueves el Supremo abriera un proceso penal a Imbroda por presuntamente contratar a dedo, y al margen de todo procedimiento administrativo, a un letrado al que pagó 357.000 euros con fondos públicos.

“Habrá que estar a las decisiones del Tribunal Supremo sobre este proceso del que yo no tengo datos para determinar cuál es la situación procesal del presidente después de esa actuación”, afirmó en un contexto político marcado por las candidaturas de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo y la posibilidad de que Imbroda repita o no como cabeza de cartel del PP.

La ‘número dos’ del Ejecutivo apuntó que el Estatuto del Alto Cargo, en tramitación parlamentaria y que suspendería a cualquier alto cargo que entre en fase de juicio oral, afectará a los altos cargos de la Administración General del Estado. “Serán las comunidades autónomas las que tendrán que aplicar una normativa similar”, dijo.

“Nos lo autoimponemos la Administración General del Estado porque el resto de las administraciones públicas tienen su propia capacidad de autoorganización”, reconoció para admitir que le gustaría “poder tener capacidad para hacer un régimen más amplio”. “No es el caso”, admitió.