Bartomeu respondió a las preguntas del juez por espacio de tres horas en las que dio cuenta pormenorizadamente de los siete contratos suscritos entre el FC Barcelona y el futbolista brasileño.

El juez quería aclarar si el actual presidente del club había incurrido en un delito fiscal por valor de 2,8 millones de euros.

Fuentes letradas explicaron que Bartomeu ha insistido en que la obligación de tributar por esos contratos correspondía al año 2013, aunque los pagos se hicieron efectivos en 2014. En cualquier caso, considera que cualquier desfase en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda pública ya ha quedado cubierto por la regularización que hizo de manera voluntaria el club el pasado año por valor de 13,5 millones de euros.

Preguntado por los contratos firmados entre el Barça y Neymar, Bartomeu insistió en que ni los negoció, ni intervino en su firma, aunque su rúbrica está plasmada en algunos de ellos porque aún era vicepresidente deportivo del club a las órdenes del entonces presidente, Rosell, al que atribuye la responsabilidad de los mismos.

Ruz adoptó la decisión de llamar a Bartomeu y al representante legal del Barça después de recibir un escrito de la Fiscalía en el que se solicitaba la investigación de este presunto delito y la apertura de una pieza separada, aspecto este último que fue rechazado por el magistrado. Tampoco atendió la petición del Ministerio Público de cerrar la causa y enviar a juicio al Barça y al expresidente Sandro Rosell.

Entiende el magistrado que las diligencias de investigación para esclarecer si hubo delito en el caso de Bartomeu "se pueden practicar sin demora" y, por tanto, no retrasarán en exceso la conclusión de todo el procedimiento.

Además, aprecia una clara "conexión objetiva y subjetiva" entre las dos partes del proceso pretendidas por la Fiscalía, que "aconsejan" su enjuiciamiento conjunto. Por ello, mantiene toda la causa en una misma pieza, y cuando concluya todas las investigaciones propondrá la apertura de juicio oral para los imputados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba la imputación del actual presidente del FC Barcelona por un delito fiscal de 2.845.700 euros en el fichaje de Neymar. Esta petición es posterior a la presentación de un informe de la Agencia Tributaria que indicaba que tanto el expresidente Rosell como el club habrían cometido delitos contra la Hacienda Pública al contratar al futbolista y no declarar el coste real de la ficha de Neymar en los ejercicios de 2011 y 2013, por un total de 9,3 millones de euros.

Pero, además, Rosell habría incurrido en un presunto delito societario, ya que la Fiscalía, haciéndose eco de las conclusiones de la Agencia Tributaria, cifra en casi 95 millones de euros el coste real del fichaje del futbolista y en 12,1 millones la cantidad en impuestos impagados por el Barça.