Alonso explicó, en una entrevista con Servimedia, que tras la incorporación de los dependientes moderados al sistema de atención que se producirá en el mes de julio será "el momento de hacer una evaluación de cómo ha funcionado la Ley de Dependencia y de cómo se está financiando".

Alonso destacó que "el Estado responde a sus compromisos de financiación, pero vemos que las comunidades tienen dificultades, a veces, para hacer frente a estas exigencias económicas. La participación del usuario, con los datos que tenemos, está por debajo de las previsiones que marca la memoria económica de la ley".

El ministro considera que "es en el marco de todo ese debate donde se puede tomar en consideración la cuestión que nos traslada el Cermi", es decir, la ILP que ha puesto en marcha el órgano de representación de las personas con discapacidad y que busca modificar la Ley de Dependencia y cambiar la regulación del copago, que, según Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, es "confiscatorio y perverso", puesto que si el usuario no tiene dinero para asumir el coste del servicio "se ve expulsado del sistema".