Así se pronunció Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, acerca del anuncio que el miércoles hizo el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, de que el Gobierno está estudiando plantear recursos contencioso-administrativos contra la decisión de la Generalitat de abrir dos 'embajadas' en Viena y en Roma.

En ese sentido, la vicepresidenta anunció que “la Abogacía del Estado está estudiando la inconstitucionalidad de las aperturas de esas embajadas o consulados”, al tiempo que advirtió al Ejecutivo de Artur Mas de que “la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno de la nación”.

Del mismo modo, subrayó que las comunidades autónomas, según ha establecido el Tribunal Constitucional, “pueden tener una acción exterior que no puede suponer la invasión de las competencias que tienen los Estados en esta materia”.

Por último, Sáenz de Santamaría reclamó que los gobiernos autonómicos tienen que dar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las “explicaciones pertinentes” del coste que supone este tipo de decisiones, que “sólo pueden circunscribirse a defender sus intereses en el marco de sus competencias, según se establece en la Constitución”.