Así lo indicó a Servimedia la portavoz de la CEP, Beatriz Potes, quien dijo que el cambio de criterio del Ejecutivo responde a una necesidad de ser “totalmente garantista”.

Este sindicato policial valoraba así que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya decidido no incluir en la futura Lecrim este asunto de las escuchas sin autorización judicial previa, tal y como informó este viernes 'El Mundo'.

En este sentido, Catalá ha optado por no seguir adelante con la posibilidad de que el ministro del Interior intercepte correspondencia o autorice escuchas sin autorización judicial por delitos que considere de especial gravedad, como los relacionados con terrorismo.

En este sentido, Potes sostuvo que les parecía “difícil” se llevaran a cabo las escuchas telefónicas sin una supervisión judicial, ya que el juzgado de guardia es, a su juicio, “un órgano competente y eficaz”.

Para esta representante de los policías, los jueces son los “indicados para que lleven a cabo una resolución que ampare esas escuchas”, ya que, a su parecer, para un Policía podría ser “demasiada responsabilidad” y podría verse “perjudicado”.