A este respecto, el sindicato advierte en un comunicado de que si se frenan las inversiones aumentará el riesgo de incumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital, que prevé que haya una cobertura de más de 30 megas para el 100% de la ciudadanía y que, al menos, el 50% de los hogares tengan contratadas velocidades de acceso superiores a 100 megas en 2020.

Además, explica que en el último año se han desplegado en España más de 7,5 millones de accesos de fibra óptica, situando al país por encima de la media de la Unión Europea. Sin embargo, indica que esta distancia puede verse recortada si los planes de inversión en infraestructuras se paralizan.

“No se puede ignorar que por la vía de revender capacidad o establecer precios de acceso mayorista sin más consideración que la económica, se pone en grave riesgo no solo el desarrollo de infraestructuras, sino que se fomenta la competencia desleal, va en contra de los operadores con capacidad y compromisos de inversión y genera ajustes salariales y laborales, poniendo en grave riesgo miles de empleos tanto entre las operadoras, como entre las empresas encargadas de los planes de construcción y despliegue de las mismas”, prosigue el escrito.

Por ello, considera que el Gobierno, que tras la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones en mayo del pasado año aún no ha presentado el reglamento de la misma, tiene una clara responsabilidad si se termina penalizando la inversión en esta materia.

Además, afirma que “sería injustificable que la regulación que finalmente se apruebe hiciera que la inversión que se pueda derivar del Plan Europeo de Inversiones, mediante la colaboración público-privada y que tiene entre sus principales objetivos el desarrollo de redes ultrarrápidas de telecomunicaciones, no encontrara en nuestro país un marco adecuado para su aprovechamiento”.

En la actualidad existen diferentes planes de despliegue, bien mediante actuaciones de extensión de la red, bien mediante las adquisiciones que algunas operadoras han realizado para tener una posición relevante en el mercado.

“Si se imponen limitaciones que hacen que el despliegue de estas infraestructuras no tenga un retorno razonable y se desincentiva que los diferentes operadores continúen con el esfuerzo inversor, se ahondaría la brecha digital, con unas consecuencias muy negativas para la competitividad de la economía y generaría zonas de exclusión para las áreas geográficas no cubiertas”, denuncia el sindicato.

Por último, sostiene que “el sector de telecomunicaciones es un pilar básico e imprescindible para avanzar en un cambio de tejido productivo y para caminar hacia una sociedad más igualitaria e integradora”.