Según el escrito del juzgado, no están determinadas aún ni la naturaleza, ni las circunstancias de los hechos, ni las personas que puedan haber intervenido en ellos. Para esclarecerlo el juez pide documentación a la Autoridad Portuaria sobre quienes eran sus responsables en el momento de la obra, sobre sus relaciones con Hidrocantábrico S.A. y con Tudela Veguín S.A. y ala UTE Diego Torres para que aporte el contrato de ampliación.

El magistrado solicita abundante documentación. Pide a la Intervención General del Estado todos los informes efectuados y resoluciones dictadas por la Comisión Europea en torno al expediente de ampliación del puerto de Gijón y que se designen peritos de la IGAE para que examinen el expediente administrativo de contratación. Asimismo, Gómez Bermúdez ofrece a la Abogacía del Estado las acciones que crea oportunas para reclamar el resarcimiento de sus intereses.

La Fiscalía Anticorrupción presentó denuncia en diciembre de 2014 ante la Audiencia Nacional para que sean investigadas las actuaciones de representantes y administradores de la UTE Dique Torres y de representantes y miembros de la Autoridad Portuaria de Gijón.

El origen de esta actuación está en una denuncia formulada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). La OLAF remitió en fecha 26 de marzo de 2014 el informe OF/2009/0328 en el que se determinan graves irregularidades, incluso fraude, en el proyecto de Ampliación del Puerto de Gijón así como deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón, dirigidos a garantizar la legalidad, la regularidad y la elegibilidad de los gastos objeto de cofinanciación por el Fondo de Cohesión en la ejecución del proyecto de Ampliación del Puerto de Gijón.

El Fondo de Cohesión otorgó una ayuda de 247.500.000 euros para dicho proyecto de ampliación, en cuya ejecución la OLAF ha encontrado numerosas irregularidades que puso en conocimiento de la Fiscalía española.

Tras recibir la mencionada denuncia, la Fiscalía Anticorrupción inició unas diligencias de investigación que han concluido con la presentación de la correspondiente denuncia ante la Audiencia Nacional.

De lo expuesto por la OLAF y tras la práctica de las mencionadas diligencias de investigación, la Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento oficial, prevaricación y un delito contra la Hacienda Pública.

Ya que los delitos de fraudes contemplados en los artículos 432 y 436 del Código Penal así como el fraude contra la Hacienda Pública de los artículos 305 y siguientes del Código Penal habrían tenido, en el presente caso, una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional, es competente para la tramitación de la causa la Audiencia Nacional, señala la Fiscalía. Las supuestas irregularidades en la contratación y ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel de Gijón, llevaron a la Comisión Europea a anular la subvención de 245,7 millones de euros que tenía comprometida y a pedir al Gobierno de España la devolución de los 198 millones ya aportados.

La denuncia del sobre coste de las estas obras llegó a los juzgados en noviembre de 2014 de la mano del presidente de la Asociación Ciudadanos por Asturias y expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Raimundo Abando. Las obras se adjudicaron en 2005 y en 2011 se inauguró el nuevo puerto.

La denuncia, presentada al Juzgado Decano de Asturias, incidía en la circunstancia de que el puerto pudo favorecer a determinadas empresas o personas durante el procedimiento de adjudicación y pudo, también, admitir un incremento de precios respecto al contrato inicial de 216 millones de euros, en circunstancias ilegales.

En principio la desviación de lo presupuestado se produjo por el uso de piedra de zonas alejadas del puerto en ampliación, Las canteras de las que procedía esa piedra, situada en León, eran propiedad de las empresas que se consorciaron para abordar la construcción.