Las CCAA instan a Justicia a presentar el borrador de la ley de asistencia jurídica gratuita antes del 30 de junio

MADRID
SERVIMEDIA

Las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia han instado hoy en Pamplona al Gobierno central a que impulse la reforma de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, de modo que presente el borrador del nuevo texto normativo antes del 30 de junio, según informó hoy la Generalitat Valenciana.

La consejera valenciana de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, participó hoy en la comisión de coordinación de las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de Justicia, donde se gestó un documento con los acuerdos alcanzados que se hará llegar al Ministerio de Justicia.

La consejera, que adelantó que la próxima reunión de seguimiento de estos acuerdos será en julio en Valencia, explicó que en el encuentro mantenido “se han concretado una serie de acuerdos relacionados con el turno de oficio y la nueva oficina judicial”.

De este modo, apuntó que “hemos dejado constancia en el documento que hemos firmado de nuestro compromiso con el derecho de asistencia jurídica gratuita de todos los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.

En el texto acordado se incide en que las últimas modificaciones legislativas en el ámbito penal, especialmente con la introducción de los juicios rápidos, ha significado un incremento importante de la asistencia letrada gratuita, con el consiguiente esfuerzo presupuestario.

PROYECTOS EN MADRID

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, habló de la gestión de la justicia gratuita, un área en la que pudo presentar el proyecto que, sobre este tema, está llevando a cabo la Comunidad de Madrid y que incluirá aspectos como la necesidad de acreditar obligatoriamente la insuficiencia de recursos, la necesidad de que exista un contacto permanente entre abogado y cliente y la revisión del procedimiento de extranjería.

Se trata de un proyecto destinado a personas con recursos insuficientes, según informó hoy la Comunidad de Madrid.

A los representantes de Madrid y Valencia se sumaron los de Galicia, Navarra, Andalucía, Cataluña, Cantabria, Aragón, País Vasco, Canarias, Asturias y La Rioja.

La Comunidad de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid formaron recientemente una Comisión de trabajo para agilizar los trámites en relación a la oficina judicial.

Aunque la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial entrará en vigor el 4 de mayo de 2010, la Comunidad de Madrid quiso "empezar a preparar y trabajar en el tema y ha creado un equipo de trabajo específico para agilizar el proceso".

(SERVIMEDIA)
29 Ene 2010
MAG/lmb