El Ejecutivo vasco presentó esta iniciativa como "el reconocimiento del activo fundamental que representan dichas organizaciones para la construcción de una sociedad más justa y solidaria, más cohesionada y más participativa".

El proyecto define el Tercer Sector Social vasco como el formado por organizaciones sociales sin ánimo de lucro, con sede y actividad en la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuya finalidad principal es promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, las familias y colectivos que afrontan situaciones de vulnerabilidad, exclusión, desprotección, discapacidad o dependencia.

El objetivo de la ley es, según el Gobierno vasco, facilitar la configuración de este sector, identificando sus organizaciones y redes, y remarcar sus características. En este sentido, el proyecto establece el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la ley, para elaborar un censo de organizaciones.

La conformación del sector permitirá desarrollar medidas que impulsen la cooperación entre las propias organizaciones, y también con el sector público y las empresas. El Gobierno vasco, en colaboración con las redes del Tercer Sector Social de Euskadi, elaborará una Estrategia de Promoción del sector que incluirá actuaciones a desarrollar por cada una de las partes.

El nivel de cooperación, que, según el Gobierno vasco, será “permanente, operativo y bidireccional con las redes del Tercer Sector Social de Euskadi”, se materializará a través de su participación en la Mesa de Diálogo Civil y en el Consejo Económico y Social.