El Gobierno entiende que este decreto menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado y no justifica la existencia de una “extraordinaria y urgente necesidad” que exige la Constitución en estos casos.

Igualmente, sostienen, esta normativa convalida una actuación administrativa anterior, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri), con carácter retroactivo, por lo que se considera que infringe, asimismo, las exigencias de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, proporción exigidos constitucionalmente.

El barrio de El Cabanyal tiene la consideración legal de Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, declarado en 1993 por decreto del Gobierno Valenciano.

Posteriormente, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior perseguía la revitalización de los barrios de El Cabanyal-Canyamelar y establecía la conexión de la Avenida de Blasco Ibáñez con el frente marino de la ciudad de Valencia.

Sin embargo, el Ministerio de Cultura consideró el pasado mes de diciembre que el proceso de urbanización que prevé el Plan Especial no debería realizarse, al entender que constituye un supuesto de expolio del Patrimonio Histórico Español, y requirió la inmediata suspensión de todas las actuaciones relacionadas con él.

Por su parte, la Generalitat aprobó este decreto que se justifica en la competencia que le atribuye su estatuto en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone la Constitución Española al respecto.