En nota de prensa, las organizaciones sindicales apuntan que este protocolo persigue la “defensa de un modelo de sindicalismo independiente, reivindicativo, unitario, autónomo, democrático, de participación, de clase, libre y pluralista”.

El acuerdo subraya la “importancia del carácter público de la seguridad ciudadana” que debe establecerse como “un referente imprescindible para que los derechos de ciudadanía puedan ejercerse con plenitud democrática”.

Además, ambas organizaciones sindicales se opondrán al “proceso de privatización de la seguridad que está desarrollando el actual Gobierno”.