En la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el PSOE pedía la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo para celebrar esa comparecencia.

El socialista Rafael Simancas aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo es “extraordinariamente importante”, porque “quiebra la piedra angular” sobre la que se construyó la reforma laboral, que queda con ello “patas arriba”. Acusó al Gobierno de hacer con esa reforma “el trabajo sucio” que pretendían los “malos empresarios” que llevan años intentando acabar con la negociación colectiva.

Simancas aseguró que él hubiera dimitido en caso de haber recibido una sentencia que anula aquello a lo que lo había “fiado todo”. “Al menos, que nos lo explique”, dijo al PP.

El portavoz del Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, respaldó la petición pese a discrepar del PSOE en la interpretación de la sentencia, ya que en su opinión “no restituye la ultraactividad” de los convenios aunque sí reconoce que éstos se incorporan al contrato laboral.

En todo caso, “eso no quita importancia política” al asunto porque sí “atiza muy fuerte a la estrategia de degradación salarial” emprendida por el Gobierno para cuyo éxito “necesitaba cargarse la negociación colectiva”. Por ello, sentenció que la ministra “tiene que dar la cara” ante una sentencia que “ha dado en la línea de flotación” de su estrategia. Advirtió además a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de que confunde el control de legalidad con el de constitucionalidad cuando echa en cara a la oposición no haber acudido al Tribunal Constitución. Si no sabe esa diferencia, dijo, “habrá que pedir que devuelva el dinero invertido en su formación”.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, se mostró partidario también de conocer qué está negociando el Gobierno con los agentes sociales en relación a la reedición del concepto de ultraactividad.

Subrayó que “siempre fue una extravagancia” la pretensión de que un convenio colectivo pueda ser derogado y sustituido por la legislación laboral, y sea o no una “puntilla de muerte”, como dicen algunos, la sentencia supone una “deslegitimación” de la reforma laboral ante la que el Gobierno tiene que dar explicaciones.

En nombre del PP, Carmen Álvarez Arenas subrayó las “grandes diferencias” en creación de empleo que se han registrado gracias a la reforma laboral, con dos sentencias firmes que confirman la constitucional de aspectos “sobre los que han dicho sapos y culebras”.

Acusó a los grupos de la oposición de “atacar la reforma laboral de forma partidista” no mirando por los trabajadores ni por los datos que demuestran el freno a la destrucción de empleo y el impulso de la negociación colectiva.

Subrayó que la ministra ha comparecido “en innumerables ocasiones” y lo volverá a hacer, pero en el periodo ordinario de sesiones, que comienza en febrero, “no perdamos el norte”, dijo. Acusó a la oposición de buscar solo una ocasión para hacer su discurso político, incluso de “alarmar y manipular” diciendo que la reforma acabaría con la tutela judicial efectiva, lo que se ha demostrado falso.

Finalizado el debate, Coscubiela pidió la palabra para precisar que su grupo acudirá a Estrasburgo si es necesario ante la violación por parte del Gobierno de la Carta Social Europea. La tutela que no otorguen los tribunales españoles, dijo, “la iremos a buscar, como durante el franquismo”, en otros países.

Álvarez Arenas consideró “curioso que Izquierda Unida tenga que recurrir al franquismo para defender sus tesis”.